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19:46
Andrew Dusfrene
Chile es un país que tiene
un crecimiento económico aceptable, para otros admirable. Es cierto también que
nuestro país fue líder en Latinoamérica en desempeño ambiental, en el ranking Environmental
Perfomance Index (EPI). Pero aún existen desafíos ambientales que están
vigentes y los cuales nos pone como reto que el debate este a la altura de
dichas exigencias.
El año pasado, con fecha 14
de Agosto, ingreso al Congreso Nacional el proyecto de ley que busca
regular la gestión de residuos y
responsabilidad extendida del productor. Este proyecto se enmarca dentro de la
política de gestión integral de residuos sólidos, que se aprobará durante la
vigencia de la CONAMA el año 2005. Uno de los objetivos era la reglamentación de
la gestión de los residuos bajo los estándares establecidos en la Unión Europea
y la OCDE.
Durante el año 2005 y la
presentación del proyecto de ley, el Ministerio del Medio Ambiente solicita una
serie de estudios de diagnóstico de la producción de ciertos productos
prioritarios y el manejo de los respectivos residuos y otros dos estudios sobre
los impactos económicos, ambientales y sociales de la implementación del
proyecto ya mencionado.
El fundamento de todo lo
mencionado es que en Chile no existe una regulación distinta la que existe
respecto de residuos domiciliarios (Código Sanitario y Ley Orgánica Municipal).
Es así, que el proyecto de ley menciona determinados residuos, que tienen la
característica de ser altamente contaminante y a la vez reciclable. A modo de
ejemplo, podemos mencionar: Neumáticos fuera de uso, aparatos electrónicos,
lámparas o ampolletas, diarios, periódicos, revistas, medicamentos vencidos,
plaguicidas, baterías fuera de uso, pilas, envases plásticos, cartones, piezas
de automóviles en desuso, etc. Dichos residuos no son considerados por las
municipalidades dentro de sus gestiones de retiro de residuos domiciliarias,
como también escasea las estrategias para fomentar la prevención o el reciclaje
sobre dichos residuos. Es por eso,
teniendo en cuenta que el manejo de los residuos en nuestro país se plantea
como una preocupación constante de todos los sectores sociales de nuestro país,
y no teniendo soluciones efectivas es que se adopta la posibilidad de reglamentar
dicha materia. A todo lo anterior se agrega el hecho de que existen
determinados patrones de producción y consumo que aumentan la generación de
dichos residuos.
El ingreso de Chile a la
OCDE, nos trae como desafío elevar los estándares medioambientales, más allá de
reformas orgánicas, como la creación de la Superintendencia o de Tribunales
ambientales. Es así que en los países que pertenecen a la OCDE como a la
Comunidad Europea existe reglamentación propia que tiene como objeto el de
imponer ciertas obligaciones al productor como al consumidor sobre dichos
residuos, como así también resguardos para no intervenir en la libre
competencia, a través de mecanismos de fiscalización y de políticas de gestión
constantes.
Así llegamos al objetivo de
dicha ley, que es tener una estructura y cultura de reciclaje, amparada,
potenciada y asesorada por el Estado chileno. En otras palabras, se busca
incorporar valor a los residuos como un
elemento primordial en la gestión de los
residuos sólidos, e introduciendo en la regulación
existente en la materia un instrumento
económico que busca generar mecanismos
que permitan aumentar los niveles de
reciclaje de los residuos que actualmente
se disponen en rellenos sanitarios o que son depositados en vertederos
ilegales.
Es así que se llega a
diferenciar dos objetivos claros: En primer lugar, promover la creación de
productos que perduren en el tiempo, aumentando su vida útil. Y en segundo
lugar, promover e incentivar el desarrollo del reciclaje, reutilización y
valorización de los residuos, que trae como consecuencia el aumento de la vida
útil de los vertederos y rellenos sanitarios existentes hoy en el país.
Es así que el desafío para
nuestro país es alta. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación no debe ser una materia postergada en los debates que han de
ocurrir en el nuevo período presidencial. Aumentar el aparataje estatal es un
avance en materia ambiental, pero sin leyes y reglamentos que tengan en cuenta
el concepto de justicia ambiental, va ser difícil llegar a un desarrollo pleno
en la materia.
Alejandro Valenzuela
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